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En el acceso a los puertos del gran Rosario, los municipios cobran tasas que según afirman muchos de los que transitan esos caminos no se corresponden con ningún tipo de contraprestación, y que según algunas estimaciones acumulan unos 25.000 millones de pesos por año. Por esa razón, la Federación de Acopiadores de Granos envió hace un mes cartas documento a las municipalidades de Timbúes, Villa Constitución, Alvear, General Lagos, Rosario, Arroyo Seco, Ramallo, San Lorenzo y San Martín, y ahora, en conjunto con la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, se dirigió directamente al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro.
«Ejerza las atribuciones y deberes que la Constitución Provincial le asigna como Jefe de la Hacienda Pública, e instrumente los mecanismos previstos en los Art. 62 y 72 Inc. 19 de dicha CartaMagna», solicitaron las entidades en la carta.
«Preocupa leer en periódicos locales, la férrea oposición de estos alcaldes a que una autoridad superior solucione el problema del tráfico pesado, procurando exclusivamente, resguardar una voluminosa recaudación percibida por tal concepto, sin informar y sin rendir cuentas sobre el destino apto y eficaz que se impone aplicar por Ley, a dicho dinero colectado», expresaron, y luego agregaron: «Como damnificados directos de estas claras confiscaciones municipales Santafecinas, acudimos a Ud. para que ponga fin a esta realidad impositiva local, desproporcionada e irrazonable, que atenta en forma decidida contra la producción granaria argentina».
«Nuestra solicitud, por lo tanto, excede el propósito de un mero rédito económico individual o de un planteo de “conveniencia comercial”, sino de requerirle la vigencia de un estado de derecho provincial, que ponga coto a estos excesos insuperables de las autoridades locales de menor rango. Debe resolverse esta cuestión que atenta contra el comercio agroindustrial en su conjunto, y marca un vallado insuperable a la operatividad de las Cláusulas Constitucionales que nos rigen, ya que lo cobrado por cada camión que circula, lejos de configurar una tasa vial, constituiría una evidente “barrera aduanera interna” que no puede ser convalidada por el Señor Gobernador», concluye la carta.
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