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Los dirigentes de Polonia, Donald Tusk; Estonia, Kaja Kallas (próxima jefa de la diplomacia europea), de Letonia, Evika Silina, y de Lituania, Gitanas Nauseda, trajeron a la cumbre europea de la semana pasada un proyecto común para la construcción de una línea de defensa militar en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia, país que en la práctica funciona como un vasallo de Moscú.
El miedo a las tentaciones expansionistas rusas es un sentimiento real en los países vecinos del gigante euroasiático después de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara a sus Fuerzas Armadas atacar Ucrania el 24 de febrero de 2022. Los países que se sienten más amenazados, como Polonia y las tres pequeñas repúblicas bálticas (Estonia, Letonia y Lituania) creen que, si cae Ucrania, Putin podría verse tentado a seguir avanzando hacia el oeste para recuperar territorios que fueron parte de la Unión Soviética (en el caso de los bálticos) o en parte de la Rusia zarista, como en el caso de Polonia.
La línea tendría 700 kilómetros de largo desde la norteña ciudad estonia de Narva, a menos de dos horas de carretera desde San Petersburgo, hasta la polaca de Wlodawa, en el vértice fronterizo con Ucrania y Bielorrusia.
Los cuatro gobiernos que respaldan la propuesta estiman que su costo sería de 2.500 millones de euros y piden que sea financiado con fondos europeos porque consideran que no sólo los protegería a ellos, sino a todo el bloque.
La carta conjunta que presentaron a sus homólogos antes de la cumbre asegura que “hay que emplear medidas extraordinarias en la frontera exterior europea para estar protegidos y defendidos con medios militares y civiles”.
La idea consiste en unir en un proyecto común y coherente las medidas propuestas, y algunas ya puestas en marcha, por los cuatro gobiernos en los últimos años, desde que Rusia atacó a Ucrania.
Una necesidad urgente
Tusk, Kallas, Silina y Nauseda creen que “construir un sistema de infraestructuras de defensa a lo largo de la frontera exterior de la Unión Europea con Rusia y Bielorrusia es una urgente necesidad para asegurar a la Unión Europea de amenazas militares”.
Además de una infraestructura física contra ataques militares, creen que es esencial aumentar la protección contra lo que se denominan “amenazas híbridas”.
Esto comprende, entre otros, los ciberataques, el uso de desinformación para alterar procesos políticos, las medidas de presión económica o incluso el uso de la migración como arma política, como cuando Bielorrusia se dedicó a importar migrantes de Oriente Medio para transportarlos hasta la frontera con Polonia, prometiéndoles que pasarían con facilidad y podrían vivir en Europa, pero no les permitía dar la vuelta cuando veían que los polacos no los recibían con los brazos abiertos.
Además de esas amenazas, en los últimos meses los servicios de inteligencia europeos advirtieron a sus gobiernos de que Rusia planeaba ataques no convencionales en Europa, como incendios provocados o ataques contra infraestructuras energéticas o de transportes.
La cumbre europea estudió esa petición sin tomar ninguna decisión, que correspondería también a competencias de la OTAN por lo que debería ser de alguna manera coordinada.
La presidenta de la Comisión Europea, que busca en estos días convencer a al menos 361 eurodiputados (la mayoría absoluta en una Eurocámara de 720 escaños en esta legislatura) para renovar por otros cinco años en su cargo, explicó a los líderes de los 27 Estados miembro de la Unión Europea que la financiación del gasto militar necesario en los próximos años para reforzar al bloque frente a Rusia conllevaría unas necesidades cercanas a los 500.000 millones de euros.
La bronca está en saber si cada país pone su plata por su cuenta o si, como con el fondo postpandemia, se lanza un programa de endeudamiento común que genere ese dinero.
Durante la cumbre, el polaco Tusk y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis defendieron la necesidad de que todo el frente oriental europeo tenga un sistema de defensa frente a ataques aéreos similar a la Cúpula de Hierro israelí coordinando las fuerzas antiaéreas de todos los países desde Estonia hasta Grecia, lo que incluiría a los tres bálticos, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Grecia.
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