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“Este proyecto amplía el período de prueba en términos generales a seis meses – desde los tres meses actuales-, admitiéndose que mediante Convenios Colectivos de Trabajo se pueda llevar a ocho meses dicho término en las empresas de hasta 100 trabajadores, y a un año a las empresas de hasta cinco trabajadores”, explicó el abogado de Lanús Alejandro Vellianitis en diálogo con El Diario Sur.
“Lo que provoca la ampliación de dicho plazo implica que el trabajador no cuente con una tranquilidad de que sus labores se cumplirían por tiempo indeterminado, como siempre fue la regla general del derecho laboral”, sostuvo el letrado. Y agregó: “Es extraño que los Convenios Colectivos puedan empeorar las condiciones de trabajo que se encuentran legisladas en la Ley de Contrato de Trabajo, que establece un piso de condiciones”.
En cuanto al Fondo de Cese Laboral, un esquema de seguros de desempleo a través del cual el empleador deposita un porcentaje de salario en una cuenta bancaria a modo de seguro de desempleo, Vellainitis expresó que hay actividades en las que puede funcionar como es el caso de la construcción, donde ya está vigente.
“Esta reforma implicaría dejar al trabajado en una situación de inestabilidad permanente. Asimismo, la complacencia de la ley con que las empresas puedan autoasegurarse, trae a la memoria otras iniciativas del pasado que generaron infinidad de juicios laborales”, subrayó el abogado.
Por último, en referencia a la figura del “trabajador independiente”, con la que hasta cinco personas que podrán estar a cargo de otra que lleve adelante un proyecto productivo, Vellainitis retrató que estos trabajadores independientes “serían monotributistas que quedarían fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, y en consecuencia configurarían una figura totalmente novedosa”. Además, señaló que “perderían todos los beneficios de la ley 20.744 y carecerían de protección ante los accidentes laborales”.
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La derogación de la moratoria y las consecuencias sobre las jubilaciones
Otra de las importantes modificaciones en la vida cotidiana de muchos argentinos que traerá aparejada el proyecto de Ley Ómnibus del gobierno de Javier Milei en el caso de que sea aprobado también por el Senado es la derogación de la ley 27.705, que establece una moratoria previsional para aquellos que no alcanzaron los 30 años de aportes para acceder a una jubilación.
En ese marco, el abogado de Lomas de Zamora especialista en temas previsionales, Roberto Graffigna, aseguró a El Diario Sur que los afectados por esta reforma se podrían jubilar a través de la Prestación de Retiro Proporcional que “pagará un proporcional extra al mínimo establecido, que es el 80 % de la jubilación mínima; de acuerdo a los años de aportes que tenga la persona al momento de solicitar el beneficio”.
Las principales diferencias con las jubilaciones por moratoria, indicó Graffigna, son que “las nuevas prestaciones serán un 20% más como mínimo” y que “no podrán ser acumulables con otro beneficio, mientras que la jubilación por moratoria sí”.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es lo que tiene que ver con la jubilación de las mujeres. “Hay 9 de cada 10 mujeres que se jubilan con moratoria, y de no contar con los 30 años de aportes deberán esperar a los 65 años para solicitar la prestación de retiro proporcional”, comentó el profesional.
“Es por esto que, si bien el proyecto de Ley Bases no trae un cambio de manera directa, sí lo hace en este caso con las mujeres que ya no podrán jubilarse a los 60 años, por esta nueva prestación”, agregó.
“Lo que sugerimos es que quienes no tengan los aportes en regla saquen turno para un Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores y trabajadoras en actividad mientras siga en vigencia la moratoria para que puedan adquirir de manera anticipada los años que les faltan”, destacó Graffigna. Al mismo tiempo, recomendó a “aquellas personas que no están realizando aportes y que no cuentan con los 30 años de aportes sugerimos se anoten en monotributo y empiecen a aportar de ahora en adelante”.
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Debate por la edad jubilatoria de las mujeres: ¿60 o 65?
A raíz de las modificaciones que introduce el proyecto de Ley Bases y la derogación de la moratoria jubilatoria, hay muchas mujeres que con la edad de 60 años o más no llegarían a los 30 años de aportes y tendrían que esperar hasta los 65 para reunir ese requisito, o bien hacer el trámite de la nueva Prestación Proporcional.
En ese marco, El Diario Sur salió a consultar a vecinos de Monte Grande sobre su opinión respecto a la edad jubilatoria de las mujeres, si estaban de acuerdo con que se jubilen a los 65 o si por el contrario estaban a favor de que se mantenga el parámetro actual, por el que se jubilan a los 60.
Ante la pregunta sobre la reforma Fabiana, abogada de 56 años, manifestó: “no estoy de acuerdo que haya grupos que se jubilen a los 50. 65 está perfecto”. En el mismo sentido se expresó Oscar de 56 años, quien aseguró que “está bárbaro que se cambie la edad jubilatoria. Sí, si quieren igualdad, ¿por qué no? Está bueno”.
Por otro lado, Emilia, de 66 años subrayó: “Yo me jubilé a los 60, así que espero que todas se jubilen igual a los 60”. “Siempre fue diferente. No sé por qué tiene que cambiar ahora”, agregó. Nancy de 58 años también reflejó una opinión similar y dijo que se jubiló a los 50 años por ser docente. “La verdad no estoy muy de acuerdo, las mujeres necesitan jubilarse a esa edad con todo el trabajo que tienen, más ocuparse de su casa. Así que bueno, no estoy de acuerdo”, destacó.
A su vez, Graciela, vecina de 61 años, comentó que el momento preciso para jubilarse “depende de cada persona”. “Hoy hay muchas mujeres de 65 años que pueden seguir trabajando. Así que yo tengo 61 y estoy trabajando. Estoy jubilada, pero tengo que trabajar porque la jubilación no me alcanza” continuó. Y concluyó: “voy a trabajar hasta que la salud me lo permita”.
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La vuelta del Impuesto a las Ganancias
Luego del tratamiento de la Ley Bases, el pasado martes se debatió en la Cámara de Diputados un Paquete Fiscal que determina entre otras cuestiones la baja del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, la disminución de las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales, un blanqueo de capitales y una moratoria por deudas tributarias.
El proyecto de ley denominado de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes hará en el caso que sea aprobado sin modificaciones por la cámara alta que los trabajadores en relación de dependencia que ganan más de $ 1.800.000 brutos mensuales -unos $ 1.500.000 netos-, o más de $ 2.200.000 brutos -$ 1.950.000 netos- con 2 hijos pagarán el Impuesto a las Ganancias. El esquema incluirá un esquema de alícuotas progresivas que van del 5% al 35%.
El tributarista César Litvin explicó en diálogo con Perfil que las modificaciones introducidas por el proyecto del gobierno de Javier Milei achican «mucho la brecha con el impuesto cedular vigente hoy, teniendo en cuenta que aquellos que superan los $2.340.000, empiezan a pagar el 27%».
Litvin manifestó que «el nuevo mínimo no imponible quedó bastante cercano para solteros $1.800.000 y para casados con dos hijos $2.300.000; pero, sobre el exceso, comienzan con el 5% y no con el 27% y esto es más acertado».
En ese marco, es que el universo que va a ser alcanzado por la reforma se prevé que sea menor a los 800.000 contribuyentes que fueron excluidos del Impuesto a las Ganancias tras la reforma aplicada por el entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa durante la campaña electoral del año 2023.
No obstante, un informe de la Fundación Mediterránea aclaró que con el proyecto que ahora fue enviado el Senado «se excluyen las deducciones por viáticos y gastos de movilidad, y se contempla la eliminación de exenciones fiscales vigentes, como las diferencias entre horas extras y horas ordinarias por el trabajo hecho en feriados, días inhábiles y fines de semana; bonos por productividad y los ingresos de guardias médicas, quedando estos conceptos alcanzados por el impuesto», todas cuestiones que están vigentes hasta el momento.
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